Lo que inicialmente se calificó como un “pequeño derrame”, un “incidente controlado” y una “contingencia menor”, resultó ser la peor tragedia ambiental que haya golpeado la costa peruana.
Texto Juan Carlos Riveros para Oceana Perú / Fotos Sebastián Castañeda
La vida de los pescadores de Ventanilla, Ancón, Aucallama y Chancay aún no ha vuelto a la normalidad desde el 15 de enero del año pasado. Lo que inicialmente se calificó como un “pequeño derrame”, un “incidente controlado” y una “contingencia menor”, resultó ser la peor tragedia ambiental que haya golpeado la costa peruana. El derrame de petróleo, causado por la ruptura de las tuberías de transporte de crudo entre un buque tanque y la refinería de La Pampilla no solo provocó un desastre ambiental, también desencadenó una crisis humanitaria de graves consecuencias para las comunidades costeras.
A lo largo del proceso de limpieza del derrame, el Estado peruano ha demostrado capacidades muy limitadas para atender las necesidades de la población local y del medioambiente. A excepción del destacable trabajo de los funcionarios de Sernanp (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) y Serfor (Servicio Nacional Forestal) para enfrentar los impactos en las áreas protegidas y la fauna silvestre, así como del seguimiento periódico realizado por el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), hay escasas evidencias públicas del trabajo realizado por otros sectores.
Hasta hoy han transcurrido más de 16 meses desde el derrame de petróleo y aún se sienten las consecuencias. El proceso de negociación entre Relapasaa (empresa subsidiaria de Repsol encargada de la administración de La Pampilla) y 19 organizaciones de pescadores artesanales no ha llegado a una conclusión satisfactoria. A pesar de la mediación de la Defensoría del Pueblo y diversos organismos técnicos que respaldaron la necesidad de una compensación económica justa para las comunidades afectadas, Relapasaa se negó a considerar las opciones presentadas y se mantuvo firme en su propuesta original. Es importante señalar que, además de ofrecer montos inferiores a los ingresos diarios generados por los pescadores, se pasaron por alto los costos de reparación de las embarcaciones y equipos que no pudieron utilizarse durante este período, así como el daño moral causado por el derrame.
Según el OEFA, al menos cinco áreas siguen mostrando niveles altos de contaminación con residuos de petróleo. Sin embargo, se necesitan datos más precisos sobre la contaminación a nivel de organismos vivos, ya que los métodos empleados no garantizan que la pesca esté libre de residuos de hidrocarburos, especialmente de los subproductos tóxicos que se acumulan en los tejidos y órganos de peces y mariscos. Durante las negociaciones, una presentación de Imarpe (Instituto del Mar del Perúreveló que las condiciones de la biomasa pesquera aún están lejos de ser las que existían hace un año. Aunque ha habido un proceso de recolonización de seres vivos, estos no han alcanzado los niveles previos al derrame en cuanto a estructura de tallas y productividad. Lamentablemente, la información no se comparte de manera oportuna ni a un nivel comprensible para los actores locales. Por lo tanto, es necesario que el OEFA, el Imarpe y otras instituciones estatales mejoren sus mecanismos de comunicación pública para acercar la información a los afectados y a la ciudadanía en general.
16 meses después, aún hay evidencias de contaminación y seguimos sin saber si Relapasaa presentará algún día un Plan de Remediación. Según la legislación vigente, la empresa tiene hasta octubre para presentarlo a la autoridad competente. Mientras tanto, los pescadores continúan exigiendo los pagos pendientes de compensación de este año, pero Relapasaa argumenta que no habrá compensación económica mientras Produce (Ministerio de la Producción) no imponga una prohibición expresa de la pesca en la zona. Por su parte, Produce no ha emitido ninguna declaración al respecto, el Imarpe aún no ha publicado su última evaluación biológica y Sanipes (Organismo Nacional de Sanidad Pesquera)
sigue confiando en “métodos sensoriales” para certificar la aptitud de la pesca para el consumo humano. El informe preliminar de la Defensoría del Pueblo sobre el proceso de negociación expresaba preocupación por las condiciones en las que se llevó a cabo dicho proceso. No se sabe si alguna vez será divulgado públicamente. Los pescadores siguen esperando.
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